Los gobiernos latinoamericanos han sido firmes defensores de la CPI; han participado activamente en múltiples iniciativas en pos de la ratificación y la implementación del Estatuto de Roma en la región. Con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios y parlamentarios, estas iniciativas han logrado que América Latina se consolide como uno de los principales defensores de la Corte. A la fecha, de los 17 Estados de la región, 15 han ratificado o adherido al Estatuto de Roma de la CPI. Cuba, El Salvador y Nicaragua son los únicos países que aún no han finalizado sus procesos de ratificación.

La Coalición quiere ayudar a garantizar el compromiso de los gobiernos en el proceso de implementación del Estatuto de Roma en los sistemas legales nacionales. Algunos países -como Brasil y Bolivia- cuentan con proyectos avanzados de implementación, mientras que en otros -como en Perú- ya se han tomado los pasos necesarios para reformar el código nacional de procedimientos penales, esto incluye la adopción de un capítulo completo sobre cooperación con la CPI. Otros países -como Ecuador, México y Paraguay- han iniciado este proceso pero aún deben continuar trabajando para lograr equiparar sus leyes nacionales con las obligaciones del Estatuto de Roma.

La región del Caribe ha contribuido históricamente en el desarrollo de la CPI. En 1989, Trinidad y Tobago- representada por el entonces Primer Ministro Arthur N. R. Robinson- remitió a la XLIV Asamblea General de la ONU un nuevo punto en la agenda para el establecimiento de una CPI. Para finales de ese año, y con el apoyo de otros países incluyendo a todos los miembros de la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), la moción se expandió en todo el sistema de las Naciones Unidas del cual resultó la adopción de una resolución por consenso llamando a la creación de una Corte Penal Internacional. Esta intervención y el apoyo de la región fueron vitales para la adopción del Estatuto de Roma en 1998.

A la fecha, la mitad de las naciones del Caribe - incluyendo Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago - ratificaron el Estatuto de Roma. Bahamas, Haití y Jamaica son los únicos tres países del CARICOM que aún no son parte al Estatuto de Roma. En febrero de 2006, Trinidad y Tobago se convirtió en el primer país en el Caribe en adoptar legislación de implementación sobre la CPI, marcando un importante desarrollo para la región.
Belice, Guyana y Trinidad y Tobago ratificaron el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte y Bahamas y Jamaica son signatarios de este Acuerdo.

Canadá es un Estado que se ha mostrado comprometido con la CPI desde los inicios de formación y establecimiento de la Corte; ha sido un líder en el cabildeo y en la producción de materiales en apoyo a la CPI. Canadá dirigió el Grupo de Países Afines durante la Conferencia Diplomática de Roma que logró presentar una posición unificada en favor de la CPI y buscó el compromiso de los Estados sobre las disposiciones principales del Estatuto de Roma. En el año 2000, Canadá se convirtió en el primer país en adoptar la legislación de implementación del Estatuto de Roma. El Sr. Philippe Kirsch, quien dirigió las negociaciones en la Conferencia Diplomática de Roma de 1998 y las sesiones de la Comisión Preparatoria, fue elegido como magistrado de la CPI en febrero de 2003 y como Presidente de la Corte en marzo de 2003. Adicionalmente Canadá ratificó el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades (APIC) en junio de 2004. Con la ratificación de Canadá, la décima, este acuerdo entró en vigor en julio de 2004. El Gobierno de Canadá cuenta con un portal [[portal]] ((http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/icc/welcome-en.asp)) en el cual se hace un recuento de las diversas contribuciones de este país en el esfuerzo por crear una CPI y una sección para promover la firma, ratificación e implementación de la Corte Penal Internacional.

Mientras que Canadá apoya firmemente a la Corte desde sus inicios, los Estados Unidos de Norteamérica tienen una historia reciente de oposición frente a la CPI. Desde Nuremberg, los Estados Unidos históricamente han apoyado la creación de mecanismos internacionales de justicia. El Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, el último día en el cual el tratado estaba abierto para la firma. Sin embargo, tras haber comenzado su mandato y antes del 1 de julio de 2002- fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma-, el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush “anuló” la firma de Clinton el 6 de mayo de 2002, alegando que los Estados Unidos no seguirían involucrados en el proceso de la CPI y que consideraba que su país no estaba legalmente obligado con el tratado por esa firma. La legalidad de esta ‘anulación’ no es clara y es objeto de debate de internacionalistas. Desde 2002, la administración Bush ha adoptado una política de oposición a la Corte por medio de una campaña global multifacética para obtener inmunidad de sus ciudadanos frente a la jurisdicción de la CPI.