La región del Caribe ha contribuido históricamente en el desarrollo de la CPI. En 1989, Trinidad y Tobago- representada por el entonces Primer Ministro Arthur N. R. Robinson- remitió a la XLIV Asamblea General de la ONU un nuevo punto en la agenda para el establecimiento de una CPI. Para finales de ese año, y con el apoyo de otros países incluyendo a todos los miembros de la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), la moción se expandió en todo el sistema de las Naciones Unidas del cual resultó la adopción de una resolución por consenso llamando a la creación de una Corte Penal Internacional. Esta intervención y el apoyo de la región fueron vitales para la adopción del Estatuto de Roma en 1998.

A la fecha, la mitad de las naciones del Caribe - incluyendo Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Guyana, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago - ratificaron el Estatuto de Roma. Asimismo, Trinidad y Tobago se convirtió en febrero de 2006 en el primer país del Caribe en adoptar legislación de implementación sobre la CPI, cumpliendo así con sus obligaciones en relación con es Estatuto de Roma.

Belice, Guyana y Trinidad y Tobago ratificaron el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte y Bahamas y Jamaica son signatarios de este Acuerdo.