Los gobiernos latinoamericanos han sido firmes defensores de la CPI; han participado activamente en múltiples iniciativas en pos de la ratificación y la implementación del Estatuto de Roma en la región. Con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios y parlamentarios, estas iniciativas han logrado que América Latina se consolide como uno de los principales defensores de la Corte. A la fecha, de los 17 Estados de la región, 15 han ratificado o adherido al Estatuto de Roma de la CPI. Cuba, El Salvador y Nicaragua son los únicos países que aún no han finalizado sus procesos de ratificación.

La Coalición quiere ayudar a garantizar el compromiso de los gobiernos en el proceso de implementación del Estatuto de Roma en los sistemas legales nacionales. Algunos países -como Brasil y Bolivia- cuentan con proyectos avanzados de implementación, mientras que en otros -como en Perú- ya se han tomado los pasos necesarios para reformar el código nacional de procedimientos penales, esto incluye la adopción de un capítulo completo sobre cooperación con la CPI. Otros países -como Ecuador, México y Paraguay- han iniciado este proceso pero aún deben continuar trabajando para lograr equiparar sus leyes nacionales con las obligaciones del Estatuto de Roma.