Canadá es un Estado que se ha mostrado comprometido con la CPI desde los inicios de formación y establecimiento de la Corte; ha sido un líder en el cabildeo y en la producción de materiales en apoyo a la CPI. Canadá dirigió el Grupo de Países Afines durante la Conferencia Diplomática de Roma que logró presentar una posición unificada en favor de la CPI y buscó el compromiso de los Estados sobre las disposiciones principales del Estatuto de Roma. En el año 2000, Canadá se convirtió en el primer país en adoptar la legislación de implementación del Estatuto de Roma. El Sr. Philippe Kirsch, quien dirigió las negociaciones en la Conferencia Diplomática de Roma de 1998 y las sesiones de la Comisión Preparatoria, fue elegido como magistrado de la CPI en febrero de 2003 y como Presidente de la Corte en marzo de 2003. Adicionalmente Canadá ratificó el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades (APIC) en junio de 2004. Con la ratificación de Canadá, la décima, este acuerdo entró en vigor en julio de 2004. El Gobierno de Canadá cuenta con un portal [[portal]] ((http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/icc/welcome-en.asp)) en el cual se hace un recuento de las diversas contribuciones de este país en el esfuerzo por crear una CPI y una sección para promover la firma, ratificación e implementación de la Corte Penal Internacional.

Mientras que Canadá apoya firmemente a la Corte desde sus inicios, los Estados Unidos de Norteamérica tienen una historia reciente de oposición frente a la CPI. Desde Nuremberg, los Estados Unidos históricamente han apoyado la creación de mecanismos internacionales de justicia. El Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, el último día en el cual el tratado estaba abierto para la firma. Sin embargo, tras haber comenzado su mandato y antes del 1 de julio de 2002- fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma-, el Presidente de los Estados Unidos George W. Bush “anuló” la firma de Clinton el 6 de mayo de 2002, alegando que los Estados Unidos no seguirían involucrados en el proceso de la CPI y que consideraba que su país no estaba legalmente obligado con el tratado por esa firma. La legalidad de esta ‘anulación’ no es clara y es objeto de debate de internacionalistas. Desde 2002, la administración Bush ha adoptado una política de oposición a la Corte por medio de una campaña global multifacética para obtener inmunidad de sus ciudadanos frente a la jurisdicción de la CPI.